"Sacamos del Clóset la figura del matrimonio..."

Por: Amaya García Velasco

En tiempos recientes, la población lesbiana, gay, transgénero y bisexual (LGBTT) ha regresado a la discusión civil para reafirmar su posición en torno a la institución del matrimonio: que todas las parejas, sean heterosexuales o del mismo sexo, tengan el derecho a validar sus uniones frente a la ley y a ser incluidos en los beneficios y derechos civiles y fiscales que se adquieren al obtener un casamiento.

Países como España y Canadá ya han reconocido la validez de este derecho. En Puerto Rico, la presentación de la Resolución 99 por parte de la legislatura, que intentaba elevar a rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, causó revuelo y un resurgimiento a la luz pública del activismo en la comunidad LGBTT del País. Hecho que perdura hasta hoy, porque aunque esta medida fue erradicada de la agenda de la administración del gobernador Luis Fortuño, activistas y abogados aún consideran que esta enmienda pudiera regresar por la puerta de atrás.

“Yo lamentaría que eso pase pero yo no dudaría que resurja, máximo viendo como la separación de iglesia y estado que tenemos constitucionalmente hablando, ha ido desapareciendo dentro de esta administración. Cada día más vemos que la figura de la iglesia está más presente en las decisiones del Estado”, expresó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Osvaldo Burgos.
El licenciado destacó que las recientes expresiones de miembros del gabinete del Gobernador, tales como las del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz sobre las “familias torcidas”, son índice de cierto fundamentalismo religioso en las decisiones del equipo y la presentación de proyectos para evaluación. No obstante, el pueblo ya está prevenido sobre lo que implica una resolución como la 99 y estará listo para alzarse en protesta.

“Creo que el pueblo puertorriqueño ha aprendido la lección del pasado”, expresó. De resurgir este proyecto, Burgos opinó que no habrá un punto medio entre las dos facciones a favor y en contra de una enmienda como esta, ya que reconocer derechos a medias es no reconocerlos en lo absoluto. “Estamos hablando de cuestiones de derecho humanos, y en cuestiones de derechos humanos no deben haber puntos medios porque los puntos medios son discriminatorios.”

De reevaluarse una enmienda en torno a las uniones civiles de parejas consensuales, Burgos recomendó desligar el matrimonio del ordenamiento civil, ya que protecciones como la Ley 54 contra la violencia doméstica están remontadas sobre esta figura, y son excluyentes de otro tipo de uniones. El letrado indicó que el matrimonio debe dejársele a las iglesias, ya que es en sus orígenes una institución religiosa.
“La palabra cónyuge te aparece en más de 200 exposiciones…en ese sentido me parece que el estado está discriminando contra personas que no pueden acogerse a esa figura”.

“Lo bueno que ha salido de la Resolución 99…”

El otrora presidente de la Comisión de Derechos Civiles expresó que no todo fue malo mientras estuvo la Resolución 99 en la palestra pública. “Contrario a lo que la gente pensaría, yo creo que trajo a la opinión pública un asunto que estaba latente pero del cual nadie hablaba. Yo creo que presentó la oportunidad, qué malo que haya sido dentro de esas circunstancias, pero levantó una opinión pública, levantó una preocupación en gente que no estaba preocupada”. Indicó, refiriéndose también a las parejas heterosexuales que conviven.

Burgos puntualizó en la necesidad que se creó de problematizar las definiciones del matrimonio avaladas por el estado, hecho que ambas comunidades, LGBTT y religiosa, aprovecharon para “salir del clóset” a defender sus respectivas posiciones sobre lo que define una pareja por ley y quién tiene derecho a obtener esta licencia.

“Sacamos del clóset la figura del matrimonio en el sentido de que esto es una figura que está discriminando y que lleva históricamente muchísimos años discriminando contra la sociedad puertorriqueña y hay que atender este asunto ", dijo.
Una de estas activistas fue la creadora del programa radial “Saliendo del Clóset”, Cecilia La Luz, quien formó parte de uno de los grupos líderes en el movimiento en contra de la Resolución 99. Aunque expresó que esta pelea fue importante para la causa LGBTT, indicó que se cometieron muchos errores al planificar la oposición, entre ellos subestimar a los grupos religiosos a favor de la medida en el País.

“Vi la resolución 99 como un efecto de la mala planificación de muchos compañeros de la comunidad LGBTT. Si no estamos bien planificados, no se esmanden…” opinó. En estos momentos, La Luz lleva a cabo actividades de concienciación sobre la comunidad LGBTT. No obstante, la también profesora informó que su enfoque actual es darle seguimiento a una de las medidas incluidas en el programa de gobierno de Fortuño: la inclusión de la empresa privada en la ley contra el discrimen por orientación sexual que rige a las agencias gubernamentales.

El problema de estar atrás

Una de las críticas hechas más a menudo en torno a este proyecto es que, mientras en la Isla se discute el mero hecho de incluir a las parejas del mismo sexo en la constitución, diversos países europeos, al igual que Canadá y algunas jurisdicciones en Estados Unidos ya han dado el paso al frente al aprobar estas uniones e incluirles en derechos de herencias y adopción, entre otros.

“Uno de los problemas que presenta el no ir acorde con los movimientos en otros países en términos de reconocimiento de derechos, es que va a llegar el momento en Puerto Rico en que va a haber choques entre personas que vengan de otras jurisdicciones en las que sí existen esos derechos,” expresó Burgos.
El abogado sostuvo que los movimientos migratorios pudieran crear problemas potenciales al no haber ninguna disposición en Puerto Rico que reconozca los derechos de parejas casadas legalmente en estas jurisdicciones. “¿Qué se le va a hacer? ¿Negarle la entrada al País? Son ciudadanos también y esto sería nefasto”, opinó.

Burgos concluyó que también es necesario incluir en el ordenamiento jurídico a las personas transgénero, ya que es una realidad científica innegable. También expresó que reconocerles estos derechos a la comunidad LGBTT no le ha hecho daño a ninguno de estos países, por lo que invalida muchas de las tesis de algunos sectores, que indican que las familias de parejas del mismo sexo promueven la homosexualidad, la pedofilia y las enfermedades mentales.

“Creo que el estado tiene una obligación con todos los ciudadanos y está llevando muy mal a cabo la función que le corresponde de tratar a todos por igual”, concluyó Burgos.

Abogados y psicólogos discuten sobre las “familias torcidas”

Por: Amaya García Velasco

A raíz de las expresiones del presidente de la Cámara de Senado, Thomas Rivera Schatz, en las que llamó a las familias no tradicionales “familias torcidas”, el grupo Proyecto por la Libertad del Género y Orientación Sexual (PLIEGOS), adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, invitó a varios panelistas para analizar a fondo el concepto legal de familia y la necesidad de crear nuevas opiniones ante el constante cambio de la sociedad puertorriqueña.

Entre los ponentes invitados a la conferencia “Destorciendo el Derecho: Análisis del Concepto Jurídico de la Familia Puertorriqueña”, que se realizó a comienzos del mes de abril, se encontraban el profesor Aníbal Rosario Lebrón, la licenciada feminista Ana Rivera Lassén y el profesor José Toro-Alfonso, todos docentes del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Con inquietudes tales como: ¿Cuál es la definición del Derecho de lo que es familia? Y ¿Puede el estado imponer un modelo u otro?, los conferenciantes concordaron en la inmutabilidad de la palabra familia, según definida por el Código Civil de Puerto Rico, y concluyeron que hay una necesidad imperante de redefinir este concepto para la inclusión de un gran por ciento de familias mono parentales, domicilios que incluyen parientes o personas consanguíneas, parejas del mismo sexo y otros grupos que en estos momentos no están protegidos por ley en Puerto Rico.

“¿Qué es lo que hace que una familia sea derecha y otra sea “torcida”? Una respuesta inicial serían las leyes, o el derecho. Si bien es cierta esta respuesta, no recoge las complejidades del asunto ya que aparenta dejar la construcción de identidades y otredades circunscritas al mero constructivismo legal,” afirmó el también licenciado Aníbal Rosario Negrón en referencia al Código Civil. Expresó que es necesario apuntalar que estas definiciones, como las expuestas anteriormente, se le escapan al estado al definir las identidades de sus ciudadanos.

Citando la Ley 33 Contra el Acecho como un ejemplo jurídico donde se extiende la definición de familia hacia personas no consanguíneas que residen en el hogar, Rosario Negrón opinó que esto contrasta con la marginalización de las familias no tradicionales que ha imperado desde hace décadas en las cortes puertorriqueñas. Tras comentar sobre el llamado “intento fallido” de la Resolución 99, que limitaría la definición de matrimonio a la pareja heterosexual, Rosario Negrón reconoció que esta medida trajo a la palestra pública la discusión sobre el matrimonio como una creación cultural aparentemente manipulable por grupos moralistas.

“La definición de familia es un fenómeno cultural cuyo carácter histórico es eludible. Debemos cuestionarnos hasta qué punto las estructuras jurídicas de normalización/marginalización de la familia más identificadas por fundamento publico son simplemente un reflejo de los intentos moralistas de la mayoría que controla la comunidad cultural,” dijo.

Por otra parte, la licenciada Ana Rivera Lassen destacó la necesidad de crear un código de familia y de desmitificar la idea de que el matrimonio es sólo amor y no un contrato bajo la ley. La feminista también recalcó en que antes de la Resolución 99, la lucha giraba en torno a los derechos de la mujer casada, para erradicar ser considerada como propiedad del hombre.

“Hace 30 años se decía que la moral de Puerto Rico estaba en cuestionamiento si se le daba igualdad a las mujeres en el matrimonio heterosexual. Pues lo mismo sucedió ahora con esta famosa resolución. Parecería que repetimos la historia de oír a algunas personas que abusan la moral para discriminar contra las familias en Puerto Rico,” expresó la licenciada. Para Rivera Lassen, al levantar pasiones, estos temas se acercan a otro problema en la Isla: la violencia.

Al igual que Rosario Lebrón, la también profesora destacó en la importancia de un cambio equitativo a las leyes. Además indicó que, antes de que el Estado pueda controlar la política pública sobre las familias y los derechos reproductivos, “hay que poner a las personas en control de su cuerpo para poder controlar su sexualidad”.

Rivera Lassen, además, explicó que muchos de estos cambios y definiciones también afectan otras áreas de la sociedad, entre las más importantes, la educación. Tras la derogación por el Departamento de Educación de la carta circular que proponía un currículo enfocado en perspectiva de género, la posibilidad de crear un modelo donde se le enseñen a los niños y jóvenes sobre familias divergentes quedó nula en este cuatrienio.

El psicólogo José Toro-Alfonso también depuso en la conferencia, citando un estudio hecho por su equipo a estudiantes universitarios y empleados de diversas agencias de gobierno, el cual avala la mentalidad culturalmente impuesta que se tiene sobre la definición de familia y quienes deben constituir esta unidad.

“Los que trabajamos con los datos de familia cada vez más encontramos que son menos las familias nucleares y más las familias compuestas por padres y madres solteras, personas del mismo sexo…entre otros,” indicó el psicólogo. Aunque estos cambios van cónsonos con una sociedad cambiante, Toro-Alfonso también compartió con la audiencia datos sobre el estudio antes mencionado, entre los cuales se incluyen que estas nociones de lo que constituye una familia funcionan como ejemplos para establecer, entre otras cosas, roles de género en la sociedad.